http://bloc-cat.pacma.es/cast/2015/02/18/ttip-devastador-para-los-animales-el-medio-ambiente-i-la-justicia-social/
La UE se encuentra en negociaciones
para cerrar tratados comerciales con importantes áreas económicas al
otro lado del atlántico. Tanto el CETA (Comprehensive Economic and Trade
Agreement) entre la UE y Canadá, como el TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) entre la UE y EEUU, son tratados de libre
comercio con el objetivo de favorecer las inversiones a ambos lados del
atlántico al eliminar trabas administrativas y arancelarias.
Después de años de negociaciones
(prácticamente secretas) entre la UE y Canadá, el presidente del Consejo
europeo, Herman Van Rompuy y el de la Comisión, José Manuel Durao
Barroso, tras aceptar la invitación del primer ministro canadiense,
Stephen Harper, acudieron, el pasado mes de setiembre a Ottawa, a la
cumbre bilateral patrocinada por Canadá para acordar la redacción final
del Acuerdo Global Económico y Comercial, conocido como CETA por sus
siglas en inglés. Ahora falta el último paso para que el acuerdo entre
en vigor: su ratificación por parte de los 28 Estados miembros de la
Unión Europea y las 10 provincias y 3 regiones de Canadá.
El polémico CETA (Comprehensive Economic
and Trade Agreement) no solo servirá para reducir aranceles, sino que
dará más poder a las multinacionales y servirá de prueba para el TTIP,
el acuerdo de libre comercio entre la UE y EEUU. Son varias las voces
que advierten de los peligros de dicho acuerdo entre Ottawa y Bruselas,
pendiente de ratificación, que permitirá a las empresas demandar a los
estados en los que inviertan si estos aplican normativas que les
perjudiquen.
Tanto el CETA como el TTIP incorporan un
mecanismo de protección de inversiones, el ISDS. Este mecanismo permite a
las empresas denunciar a los estados en los que invierten en el caso de
que estos países apliquen cambios normativos que, a juicio de las
empresas, perjudiquen sus inversiones. Tampoco podemos obviar lo que se
conoce como cláusula zombie, que permite a las empresas seguir
demandando a los estados 20 años después de disolverse el acuerdo.
Con el mecanismo ISDS únicamente pueden
demandar las empresas, no los estados. Los tribunales en estos casos no
son tribunales nacionales, sino que son tribunales arbitrarios que en la
mayoría de casos sentencian a favor de los intereses empresariales. Los
millonarios costes de los litigios los tienen que afrontar, ganen o
pierdan, los estados.
Ante este panorama, de ser finalmente
ratificado el CETA, se empezaría a aplicar el tratado entre ambos lados
del atlántico a partir del 2016. Ello proporcionaría una alfombra roja
para las empresas canadienses, así como para las filiales de
multinacionales estadounidenses, que cuentan con un peso muy importante
en la economía de Canadá.
Podemos interpretar el CETA como una
prueba para el TTIP. Ambos tratados responden a un modelo neoliberal que
favorecerá a las grandes elites económicas y restará soberanía a los
estados que los firmen.
En definitiva, estos mecanismos acaban
dando un mayor poder a las empresas e impiden que los estados apliquen
cambios normativos por temor a las denuncias de las multinacionales.
Parece claro que podría desencadenar un auge de litigios de grandes
empresas contra la UE y Canadá que podrían constituir una grave amenaza a
las iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía, a los
animales y al medio ambiente.
Carlos Martínez
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