Si una empresa o más ve negocio en generar espectáculos o cualquier actividad en la que se maltrate cruelmente a los animales los gobiernos no podrán frenarlo. El que lo intente puede ser condenado a pagar multas por los beneficios que no ha obtenido la empresa o empresas con algo que ellos consideran lucrativo.
La Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE) es un instrumento que permite a los inversores crear un caso directamente contra el país que alberga sus inversiones, sin la intervención del país de origen del inversor.26 En diciembre de 2013, una coalición de 200 organizaciones medioambientalistas, sindicales y defensoras de los consumidores en ambos lados del Atlántico mandaron una carta a la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y a la Comisión Europea solicitando que los mecanismos de resolución de conflictos entre inversores y estados fueran eliminados de las conversaciones comerciales, arguyendo que "la resolución de conflictos inversor-estado es una vía de sentido único por el cual las corporaciones pueden retar políticas gubernamentales, pero ni los gobiernos ni los individuos obtienen ningún derecho comparable a exigir cuentas a las corporaciones".27 28
Por otro lado, las experiencias de otros TLCs apuntan a que estos tribunales se constituyen, de facto, en una herramienta de protección sistemática de los intereses privados a costa del interés público.4
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