PP, PSOE, CIU y UPyD votan en contra de realizar un referendum sobre el Tratado Libre Comercio EEUU-UE
España |
Tercera Información | 07-05-2014
El pleno del Congreso de los Diputados
discutió ayer una moción sobre el proyecto de Asociación Transatlántica
de Comercio e Inversiones que la Comisión Europea y Estados Unidos
negocian en la actualidad de espaldas a la ciudadanía. La moción sirvió
para comprobar la postura de los diferentes grupos parlamentarios sobre
un tratado comercial que pretende eliminar o ajustar a la baja entre el
25 y 50 % de leyes, directivas y normas europeas. La Campaña “No al
Tratado Transatlántico de Comercio e inversiones” recuerda además que
provocaría una mayor precarización y eliminación de empleo y graves
impactos sociales y ambientales
En la moción presentada por el grupo parlamentario Izquierda Plural
se insta a rechazar el tratado, conocido como TTIP por sus siglas en
inglés. El apoyo declarado del Partido Popular al tratado hace imposible
que se apruebe la moción. Pero no resulta tan predecible la posición
que mantendrá esta tarde el grupo socialista. Hace un año el PSOE votó
junto a los populares a favor del tratado en el marco de una proposición
no de ley. Sin embargo, el candidato al Parlamento Europeo Juan
Fernando López Aguilar apuntó recientemente a la suspensión de las
negociaciones en un debate sobre política ambiental.
Los grupos parlamentarios de PP y PSOE, con el apoyo de UPyD, han
sumado hoy sus votos en el Congreso de los Diputados para tumbar la
iniciativa parlamentaria presentada por el grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, y
defendida por su portavoz, José Luis Centella, para que la Cámara Baja
instara al Gobierno a “rechazar” el futuro tratado de comercio e
inversiones que negocian en la actualidad la Unión Europea (UE) y los
EE.UU y que, en todo caso, promoviera un “referéndum para su
ratificación”.
En concreto, el texto de la moción consecuencia de interpelación de
IU señala sobre este punto que el Ejecutivo debía considerar que
“cualquier propuesta de acuerdo comercial entre la Unión Europea y los
EE.UU debe ser sometido en todos los Estados miembros de la UE a
referéndum antes de su ratificación”.
En relación con ello, IU/Izquierda Plural defendió ayer en sede
parlamentaria una moción “sobre la posición del Gobierno español ante el
acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado
Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión”. Dicha moción,
consecuencia de una interpelación parlamentaria, instaba a que se
aprobase someter a referéndum el acuerdo cuando estuviese finalizado.
Además, proponía la creación de un grupo de trabajo en el seno de la
comisión de asuntos exteriores para que presentase un informe en el
plazo de seis meses sobre las repercusiones legales, económicas y
sociales del TTIP. Finalmente, rechazaba frontalmente el sistema de
privatización de resolución de conflictos que pretende negociarse entre
los inversores y los estados.
Esta resolución fue rechazada por el conjunto de los grupos, con lo
que se corre el riesgo de que dicho acuerdo termine aplicándose sin
intervención directa de la ciudadanía europea.
Los socialistas, dijo, apoyan la suspensión de las negociaciones
"hasta que no se introduzcan las garantías relativas a la protección de
datos" y también relativas a la "coherencia con los estándares sociales y
la preservación del modelo social de la UE". Estas garantías no están
en absoluto aseguradas en los documentos filtrados recientemente sobre
las cinco rondas de conversaciones entre la Comisión Europea y
Washington. Sin embargo, votaron en contra de la moción.
La moción insta a someter el tratado a referéndum en todos los
Estados miembro de la UE, en caso de que prosigan las negociaciones.
Resulta fundamental que la ciudadanía se informe y opine directamente
sobre un acuerdo que afectará a su vida diaria, con más que probables
privatizaciones y recortes en derechos laborales y normativas de
protección ambiental. La Comisión lanzó recientemente una consulta
online sobe el tratado, pero sus preguntas ambiguas y cargadas de
tecnicismos no permiten entender el verdadero impacto.
El tercer punto de la moción propone constituir un grupo de trabajo
en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Tratado
Transatlántico de Comercio e inversiones para que en el plazo máximo de
seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión
en el Estado español. Si se tiene en cuenta que el TTIP eliminaría o
ajustaría a la baja entre el 25 y 50 % de leyes, directivas y normas en
la Unión Europea, es evidente que las políticas públicas españolas se
verán directamente afectadas.
La experiencia de anteriores tratados comerciales apunta a la
especial amenaza que supone el sistema de resolución de conflictos entre
inversores y Estados, un mecanismo que permitirá a las grandes empresas
reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje si consideran que
sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se
ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido.
Es decir, que si no ganan lo que quieren, pueden demandar al Estado en
el que invirtieron en tribunales privados, como ya está ocurriendo en
muchas partes del mundo.
El portavoz parlamentario, José Luis Centella, argumentó durante su
intervención en el Pleno que “la clave está en quién dirige, quién
planifica la economía”, si lo hacen “instituciones sin ningún control
democrático” o si lo hacen los “parlamentos democráticamente elegidos y
con control ciudadano”
Centella no aceptó las enmiendas presentadas por distintos grupos a
la redacción completa del texto de la iniciativa por desvirtuar y
rebajar los principales objetivos de la misma. En el caso de la hecha
por el PSOE argumentó que “es una enmienda que viene simplemente a
intentar guardar cierta imagen pero que, en realidad, no habla de
nuestra propuesta”.
Sí aceptó el diputado de IU que los tres puntos de los que constaba
la moción se votaran en dos bloques. Los dos primeros fueron rechazados
con la suma de votos de socialistas y ‘populares’, además de otros
grupos, mientras que el tercero no salió adelante principalmente gracias
a la mayoría absoluta del PP.
Este último punto emplazaba textualmente a “constituir un grupo de
trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el acuerdo
comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la llamada
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTPI, para
que en el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este
acuerdo y su repercusión en nuestro país”.
José Luis Centella argumentó las razones que avalan la posición de su
grupo, tanto en contra del tratado como en la forma en que se está
negociando en la actualidad. Indicó que no se trata de “confrontar el
libre comercio con proteccionismo”, cuando “la clave está en quién
dirige, quién planifica la economía”, si lo hacen “instituciones sin
ningún control democrático” o si lo hacen los “parlamentos
democráticamente elegidos y con control ciudadano”.
Se refirió Centella también al deterioro que sufrirían las
condiciones laborales en Europa, especialmente en España, ya que el
tratado “rebaja la protección social y laboral”. Recordó a continuación
que “Estados Unidos no tiene ratificadas seis de las ocho normas
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Advirtió, asimismo, del cambio en la cultura de la protección
ambiental que supondría este texto, “la cambia por la desregulación que
existe en los Estados Unidos al abrir definitivamente la puerta al
fracking en Europa, porque lo que busca fundamentalmente es acabar con
la regulación que hay en la Unión Europea”.
“Al encontrarse Estados Unidos -recordó Centella- con que su
tradicional ‘patio trasero’, Mercosur, se les rebela, tiene que buscar
otro y lo encuentra en una dócil Europa dispuesta a convertirse en ese
‘patio trasero’, donde los Estados Unidos puedan realmente hacer su
agosto. Por ello, planteamos que hay que frenar este tratado, hay que
frenar a las grandes corporaciones y hacer una economía al servicio de
la gente”.
En la parte final de su intervención el portavoz parlamentario de IU
advirtió de que “sería lisa y llanamente el fin de nuestra cultura,
arrasada por el pensamiento único y la gran industria de la cultura de
los Estados Unidos”, porque este tratado de libre comercio “como
también lo fue el ALCA en América Latina, es la ley de la selva, y ya
sabemos que en la ley de la selva el grande siempre se come al chico”.
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